Rechazan concesión a Minera Gorrión en Ixtacamaxtitlán
La Secretaría de Economía determinó que no es factible otorgar ninguna concesión en Ixtacamaxtitlán a la Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals por no ir acorde a la Ley Minera, informó el consejo Tiyal Tlali.
En conferencia de prensa, Diana Pérez, una de las asesoras jurídicas de la comunidad de Tecoltemi explicó que la dependencia federal en el análisis de factibilidad retoma estudios de impacto ambiental que realizaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Semarnat, los cuales ya habían concluido que no se podía permitir la actividad minera en la zona.
La Secretaría de Economía determinó que no es factible otorgar ninguna concesión en Ixtacamaxtitlán a la Minera Gorrión
Por lo anterior, al no ser factible, es improcedente la realización de cualquier consulta a la comunidad indígena.
“Lo señalamos con precisión porque la empresa minera ha querido mentir al decir que tiene que realizarse consulta a las comunidades indígenas en la región”, señaló.
Raymundo Romano, inspector de vigilancia de Tecoltemi, la comunidad de Ixtacamaxtitlán que peleó jurídicamente para evitar la minería en su territorio, expresó que la decisión de las autoridades federales va acorde a lo que el pueblo indígena decidió.
Por ello, agregó, han levantado un acta ejidal en la que declaran libre de minería a la comunidad, y pidió al juez que lleva el caso dé por cumplida la sentencia y también establezca que no regresen las empresas mineras al municipio.
Viola Moreno, Comisariada ejidal de Santa María Sololtepec, exigió que ya no den ninguna concesión a la minera Gorrión, debido a que han mentido sobre un acuerdo que han firmado los pobladores, y pidió la salida de la gente de la empresa canadiense del municipio.
Tecoltemi logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retirara dos concesiones mineras que tenía Almaden Minerals para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, ya que omitieron llevar a cabo una consulta antes de empezar sus actividades, por lo que echaron abajo los permisos.
La lucha jurídica inició desde 2015 y ha sentado un precedente para las comunidades indígenas en las que mineras extranjeras han intentado explotar sus tierras.

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