Aunque el Gobierno del Estado mantiene su gestión para la recuperación de 600 millones de pesos que se colocaron en el 2021 en el Banco Accendo, ahora declarado en quiebra, la actual administración ordenó realizar un peritaje para deslindar responsabilidades .
Aunque la exsecretaria de Finanzas, Teresa Castro, señaló que el gobernador finado, Luis Miguel Barbosa habría recomendado a la institución, en las primeras operaciones se había logrado buenos rendimientos.
Por eso la actual administración ordenó realizar un peritaje que permite ahora conocer del desvío de recursos y encubrimiento de las malas operaciones de esa institución.
El secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle, informó que el despacho contratado entregó los resultados del peritaje en cuestión, por lo que ahora con este resultado técnico, permite catalogar como graves los hechos de la conducta de dos exfuncionarios estatales quienes realizaron las operaciones financieras.
En consecuencia se llevará a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los exservidores señalados en el dictamen de los que se reservó los nombres.
En los próximos días se les llamará a comparecer ante el órgano de control interno del Gobierno de Puebla a los señalados.
El proceso lo realizará la Secretaría de la Función Pública y se dará parte al Tribunal de Justicia Administrativa. Será éste el que determinará la sanción por la falta grave. Aclaró que en este caso, el Gobierno de Puebla no determina si hay delitos, aunque la Fiscalía General del Estado de Puebla debe revisar, sino el Tribunal.
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