A pesar del hallazgo de 42 fosas clandestinas en Puebla entre 2018 y 2024, que contenían 44 cuerpos y 91 restos humanos, las autoridades estatales solo han logrado identificar a tres personas en todo este periodo. Esta alarmante cifra evidencia una crisis forense y una falta de efectividad en los procesos de identificación de víctimas, dejando en el limbo a decenas de familias que aún buscan respuestas.
De acuerdo con información obtenida a través de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), dos de los cuerpos identificados fueron hallados en Tehuacán y estaban relacionados con casos de desaparición, mientras que el tercero fue encontrado en la autopista México-Veracruz en 2022. Sin embargo, el resto de los cuerpos y fragmentos humanos continúan sin nombre, en muchos casos sin que se tengan resultados antropológicos concluyentes.
Uno de los principales problemas en el manejo de estos casos es la falta de información clara sobre los esfuerzos de identificación. La FGE no proporcionó datos sobre cuántos cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) ni sobre las acciones realizadas para tratar de identificar a las víctimas. La opacidad en el proceso refuerza la sensación de abandono que enfrentan los familiares de desaparecidos.
Además, la coordinación entre instituciones ha sido deficiente. De las 42 fosas encontradas en el estado, solo en cinco intervino la Comisión de Búsqueda de Personas (CBPP), lo que sugiere que la identificación de cuerpos no ha sido una prioridad en el trabajo conjunto entre dependencias.
Las fosas clandestinas se han localizado en diversos municipios del estado, con Puebla capital e Izúcar de Matamoros concentrando el mayor número de hallazgos, seguidos de Huejotzingo, Tlachichuca, Quecholac y San Pedro Cholula. Además, la autopista México-Veracruz ha sido un punto recurrente de descubrimientos, lo que sugiere patrones preocupantes de actividad delictiva en la zona.
La falta de identificación de víctimas no solo prolonga el sufrimiento de las familias, sino que también refleja un sistema forense insuficiente para responder a la crisis de desapariciones en Puebla. Sin mejoras en la coordinación entre instituciones, mayor inversión en tecnología forense y transparencia en los procesos, la crisis de identificación seguirá profundizándose, dejando a decenas de personas sin justicia y sin respuestas.
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