La empresa Melgarejo Construcciones mantiene una exigencia económica de 998 millones de pesos al gobierno de Puebla, como compensación por la cancelación del proyecto del Libramiento Poniente, una obra que nunca se llevó a cabo. La cifra representa una reducción significativa respecto al monto original reclamado, que ascendía a 2,200 millones de pesos.
Según explicó José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, la empresa busca justificar el cobro argumentando que realizó labores preliminares, como la liberación de derechos de vía. Sin embargo, recalcó que no se construyó ni un solo metro del libramiento, por lo que consideró excesiva la pretensión económica, aún con la reducción propuesta.
El funcionario destacó que la concesión del proyecto data del año 2008, y aunque han existido acercamientos y diálogo entre ambas partes en años recientes, el gobierno estatal se mantiene firme en la defensa del patrimonio público.
García Parra también contextualizó el impacto que tendría ese pago en las finanzas del estado. “Con 998 millones de pesos se podrían adquirir alrededor de 900 patrullas completamente equipadas para la Policía Estatal o financiar varias obras viales como la conexión de Río Frío con la autopista México-Puebla, que costaría cerca de 230 millones de pesos”, señaló.
En su intervención, aprovechó para lanzar una crítica al sistema judicial, denunciando que en administraciones pasadas algunos jueces actuaron en favor de intereses privados, emitiendo resoluciones que dañaron las finanzas públicas. Por ello, respaldó la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que jueces y magistrados sean elegidos por voto ciudadano.
“Es momento de que el pueblo elija a quienes imparten justicia, para evitar que unos cuantos estén por encima de la ley”, expresó el funcionario, quien aseguró que democratizar el Poder Judicial es clave para lograr una justicia más equitativa y transparente.
Finalmente, García Parra afirmó que el caso de Melgarejo Construcciones debe servir como una lección para no repetir errores del pasado. Subrayó que el compromiso del gobierno estatal es garantizar el uso responsable de los recursos y proteger el interés público.
