Más de 20 mil millones de pesos tendría que pagar el Gobierno de Puebla si recindiera la concesión de Agua de Puebla, advirtió el mandatario estatal Alejandro Armenta. Explicó que la actual situación legal, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultaría la cancelación sin generar un impacto económico considerable para las finanzas estatales.
Armenta llamó a la ciudadanía a participar en las elecciones del 1 de junio para elegir nuevos magistrados y ministros. Aseguró que, si se logra una renovación del Poder Judicial, se podrá analizar la viabilidad de iniciar un proceso para revocar el contrato con la empresa concesionaria.
Durante un evento en el parque Niños de Puebla, el mandatario reiteró que cancelar la concesión en estos momentos sería un “suicidio” financiero. También destacó que, de no realizarse los cambios judiciales, el estado podría enfrentar demandas millonarias relacionadas con proyectos públicos, como el caso de Melgarejo Construcciones, que exige el pago de 2 millones de pesos a pesar de no haber realizado ninguna obra.
Armenta señaló que la situación actual del Poder Judicial permite que empresarios aprovechen el sistema judicial para defender intereses privados en detrimento del bien público. En este contexto, subrayó que la renovación de las autoridades judiciales podría ser clave para corregir estos problemas estructurales en el estado.
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