En Puebla, casi cuatro de cada diez personas encarceladas aún no han recibido una sentencia judicial. De un total de 7 mil 349 internos en el sistema penitenciario estatal, 2 mil 752 se encuentran en prisión preventiva sin una condena firme, lo que equivale al 37 por ciento del total, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario del Inegi, con corte a junio de 2025.
Esta proporción, similar al promedio nacional, refleja un problema estructural que vulnera los derechos humanos de miles de personas, muchas de ellas con bajos ingresos y escasa escolaridad. Para el abogado Tonatiuh Sarabia, esta situación constituye una “criminalización de la pobreza”, ya que quienes no pueden pagar una defensa legal sólida quedan atrapados en un sistema que los margina desde el inicio del proceso penal.
Uno de los focos de esta crisis se encuentra en el penal de San Miguel, donde se concentra buena parte de las personas sin sentencia. La saturación de los tribunales, la falta de defensores públicos suficientes y la inercia del aparato judicial prolongan el encarcelamiento de personas que no han sido declaradas culpables.
Sarabia advierte que el problema se agrava si se considera que una proporción importante de estas personas lleva más de dos años detenida sin sentencia, lo cual contraviene la Constitución mexicana. “No puede hablarse de justicia cuando el Estado mantiene a alguien en prisión de manera indefinida, sin pruebas ni condena”, señala.
La situación es especialmente grave entre las mujeres privadas de la libertad: el 46.2 por ciento de ellas permanecen sin sentencia. Esto significa que casi la mitad de las mujeres encarceladas en Puebla están esperando una resolución judicial, muchas veces sin recursos ni acompañamiento legal adecuado.
Aunque el estado no enfrenta sobrepoblación penitenciaria, los centros operan al 97 por ciento de su capacidad. Esta saturación dificulta aún más la atención a quienes están en prisión preventiva, particularmente en lo que respecta a sus garantías procesales y acceso a la justicia.
Expertos coinciden en que el problema va más allá del número de abogados disponibles. Señalan que es necesario transformar la estructura del sistema judicial para evitar que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción, como marca la ley.
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