El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que desprivatizar el servicio de agua potable en el estado implicaría un gasto superior a los 10 mil millones de pesos, además de un largo litigio que lo haría inviable. Por ello, la administración estatal apuesta por obligar a la empresa Agua de Puebla, propiedad de la familia Hank Rhon, a cumplir con las inversiones pendientes en drenaje, saneamiento y agua potable.
Armenta Mier criticó que desde la privatización en 2013, la concesionaria ha incumplido con la inversión comprometida, dejando obras inconclusas y generando deudas que afectan directamente a la ciudadanía. La falta de acción de gobiernos anteriores y la complicidad de ciertos actores del Poder Judicial permitieron que la empresa operara sin sanciones.
El mandatario señaló que la estrategia actual del gobierno no busca la cancelación inmediata del contrato, sino presionar a la compañía mediante acuerdos con la Comisión Nacional del Agua, la Consejería Jurídica y el Poder Judicial, asegurando que cumpla con sus obligaciones sin impactar las finanzas del estado.
Armenta Mier también denunció que jueces, magistrados y la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, habrían favorecido los intereses de la concesionaria, permitiendo que las inversiones pendientes se retrasaran y que el patrimonio del estado se viera afectado.
El gobernador subrayó que, aunque la ciudadanía exige la anulación de la concesión, la acción directa sería irracional y costosa. Por eso, la prioridad es buscar mecanismos legales y estratégicos que garanticen la operación eficiente del servicio de agua y drenaje, y que los beneficios lleguen a los poblanos.
Finalmente, Armenta Mier aseguró que su administración seguirá trabajando para revertir los efectos de la corrupción heredada y fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos del agua en Puebla.
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