En los últimos ocho años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha iniciado más de 2 mil 600 investigaciones por tortura y otros tratos crueles cometidos por policías, ministerios públicos y autoridades locales. Las cifras muestran que esta práctica se mantiene como una constante, a pesar del discurso oficial de respeto a los derechos humanos.
Los registros más altos se concentraron entre 2018 y 2021, periodo en el que se acumuló casi la mitad de las denuncias. Solo en 2021 se abrieron más de 360 carpetas, lo que evidenció la persistencia del delito incluso durante la emergencia sanitaria. En total, se identificaron casi cuatro mil víctimas en los expedientes.
Las descripciones de los casos incluyen asfixia, golpes, descargas eléctricas, abusos sexuales y tortura psicológica, además de métodos más sutiles que buscan infligir daño sin dejar rastros físicos. Diversos organismos especializados señalan que los abusos suelen ser ordenados o tolerados por funcionarios públicos.
De acuerdo con Documenta y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el fenómeno no pertenece a una sola administración, sino que se ha mantenido de forma estructural. Los casos recientes, advierten, incluso superan a los registrados en los años de represión política de los setenta.
A nivel nacional, el Observatorio Contra la Tortura documentó más de 4 mil 500 investigaciones en 2023 y más de 6 mil en 2022, lo que confirma una tendencia ascendente. Puebla figura entre los estados con mayor número de denuncias y con menor número de resoluciones.
En el mismo periodo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) recibió 719 quejas relacionadas con tortura o tratos inhumanos, pero hasta el momento no ha emitido recomendaciones. La mayoría de los señalamientos apuntan a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública.
Especialistas en derechos humanos advierten que los casos reales podrían ser hasta cien veces más de los registrados oficialmente. Citan datos de la Envipe, según los cuales más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian, lo que contribuye a la impunidad y a la falta de justicia para las víctimas de tortura.
