La industria del vestido en Puebla sostiene más de 120 mil empleos distribuidos en talleres familiares, pequeños negocios y microempresas que abastecen al mercado local. Aunque esta actividad continúa siendo una de las principales fuentes laborales del estado, opera en condiciones de baja regulación y con recursos limitados.
Se estima que seis de cada diez trabajos del sector se desarrollan en la informalidad, sin seguridad social, contratos ni registro fiscal. Esta estructura, que permite reducir costos y mantener la producción activa, también mantiene a miles de personas fuera de la protección laboral.
De acuerdo con el empresario textil Antonio Bassil Alam, la expansión de pequeños talleres es consecuencia directa de la desaparición de grandes fábricas y la presión competitiva del mercado internacional. La fragmentación productiva, señaló, obligó a la industria local a replegarse hacia modelos más precarios.
La confección de uniformes escolares e industriales se convirtió en la alternativa para sostener ingresos, pues ese nicho demanda pedidos específicos y entregas rápidas, condiciones difíciles de cubrir para la ropa importada, principalmente de origen chino, enfocada en moda y grandes volúmenes.
Sin embargo, permanecer fuera del marco legal limita el acceso a créditos, financiamiento para maquinaria, programas gubernamentales y prestaciones sociales. Para muchos propietarios, regularizarse implica asumir costos fiscales que consideran inviables para su economía.
El sector insiste en que cualquier estrategia de formalización debe incluir incentivos accesibles y trámites simplificados, adecuados a la realidad de los talleres textiles. Mientras eso no ocurra, advierten, la industria seguirá funcionando en la informalidad, pese a su relevancia económica y social para Puebla.
