Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Perú planteó la necesidad de revisar el alcance del asilo diplomático, propuesta que surgió a partir del caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece en la embajada de México en Lima.
La delegación peruana solicitó que las solicitudes de asilo sean analizadas con criterios que “consideren la naturaleza de los delitos imputados”.
La representación mexicana rechazó la propuesta al señalar que la OEA no es el órgano facultado para modificar ese marco jurídico.
De acuerdo con la embajadora Luz Elena Baños Rivas, el derecho de asilo está establecido en la Convención de Caracas de 1954, por lo que cualquier cambio requiere la participación de todos los Estados parte del instrumento internacional.
La embajadora mexicana agregó que “no es posible reinterpretar o reformar el tratado sin la presencia de los países que lo suscribieron” y señaló además que solo una parte de los Estados que integran la OEA forman parte de la Convención, mientras que otro de los firmantes no participa actualmente en la organización.
Perú insistió en que las solicitudes de asilo deben ser examinadas bajo parámetros claros y en plazos oportunos.
La delegación sostuvo que estas modificaciones permitirían un “análisis más preciso en situaciones donde figuras públicas enfrentan procesos judiciales”.
