El servicio de agua potable está en riesgo para los habitantes de San Mateo Ozolco, comunidad situada al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Una disputa territorial y ambiental escaló luego de que el propietario de un predio advirtiera que destruiría la red de conducción si no se le permite continuar con la tala de árboles en la zona.
El conflicto, que tiene raíces históricas en el despojo de tierras a pueblos nahuas, resurgió con fuerza tras denuncias de aprovechamiento forestal en un terreno vinculado a descendientes de la familia Aizpuru. La comunidad sostiene que la extracción de madera se realiza sin apego al proyecto autorizado, afectando el bosque que alimenta los cuerpos de agua que abastecen al pueblo.
Antes de la confrontación directa, el Comité de Vigilancia realizó recorridos con acompañamiento técnico de Conafor. En esas inspecciones se observó derribo de ejemplares jóvenes, maduros y viejos por igual, además de tala cercana al río, actividad prohibida por normativa ambiental. También se documentaron sellos colocados después del corte, lo que ha levantado sospechas de irregularidad.
El ambiente se tensó el 24 de noviembre, durante una asamblea comunitaria donde se pidió la suspensión de la tala y el propietario exhibió un permiso forestal argumentando plaga y envejecimiento del arbolado. Su postura fue clara: continuar con el aprovechamiento o que el pueblo comprara el predio. Tras el intercambio, se acordó detener temporalmente las actividades hasta una verificación final el 9 de diciembre.
Paralelamente, la comunidad gestionó ante Profepa una revisión oficial para garantizar que no exista daño ambiental ni explotación fuera de norma. La preocupación central es que la degradación del bosque disminuya el caudal del río, dejando al pueblo sin agua incluso sin intervenir la tubería.
La advertencia de destruir la red de abastecimiento detonó una alerta colectiva, pues dañar infraestructura hídrica constituye delito y vulnera el derecho humano al agua reconocido constitucionalmente. Aunque las tuberías crucen propiedad privada, su función pública les otorga protección y utilidad social.
La asamblea general programada para el 7 de diciembre definirá la respuesta de Ozolco. Entre aceptar las condiciones del propietario o sostener la defensa del bosque y del agua, la comunidad se encuentra frente a una decisión que marcará su futuro inmediato y su permanencia territorial.
