Al menos 87 tiraderos clandestinos fueron identificados en Puebla a lo largo de 2025, una cifra que revela la magnitud del problema en la entidad y que incluye puntos localizados en zonas de recarga acuífera, con riesgos directos para la contaminación del agua subterránea.
El recuento fue elaborado por la Asociación Mexicana por el Medio Ambiente, que advierte que la presencia de estos basureros ilegales no es un fenómeno aislado, sino resultado de la presión urbana, la mala gestión de residuos y la falta de control efectivo en distintos municipios del estado.
Información ambiental difundida a inicios de este año ya daba cuenta de al menos 70 tiraderos clandestinos detectados en Puebla, mientras que reportes periodísticos señalan que entre 2024 y julio de 2025 continuaban operando al menos 64 sitios irregulares, con la capital del estado concentrando el mayor número de casos.
El impacto ambiental se agrava cuando estos tiraderos se ubican en barrancas, riberas de ríos y suelos con alta capacidad de infiltración, ya que los lixiviados de residuos domésticos, industriales y de la construcción pueden filtrarse hacia los mantos freáticos, en un contexto de sobreexplotación del agua en la entidad.
Casos documentados en municipios como Tepatlaxco evidencian el uso recurrente de predios como basureros ilegales, mientras que en la región de Huejotzingo se han detectado múltiples puntos de acumulación de basura en el cauce del río Xochiac, afluente de la cuenca Atoyac-Zahuapan, lo que incrementa el riesgo para el consumo humano y las actividades agrícolas.
Sobre esta cuenca, la Comisión Nacional del Agua ha reportado la existencia de más de mil puntos de acumulación de basura y cascajo a lo largo del río Atoyac y sus afluentes en Puebla y Tlaxcala, muchos de ellos en áreas donde el suelo facilita la propagación de contaminantes.
Aunque autoridades estatales han anunciado operativos de inspección y programas de limpieza, organizaciones civiles advierten que estas acciones resultan insuficientes frente al número de tiraderos clandestinos detectados y al daño ambiental acumulado, especialmente en las zonas clave para la recarga hídrica.
