Un total de 8 mil 545 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos permanecieron sin una recomendación formal durante el primer año de la actual gestión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, lo que refleja el limitado cierre resolutivo del organismo en ese periodo.
Entre el 7 de noviembre de 2024 y el 6 de noviembre de 2025, la Comisión recibió 8 mil 563 quejas ciudadanas; sin embargo, solo 18 concluyeron en una recomendación, dejando sin ese tipo de resolución a prácticamente la totalidad de los casos ingresados.
Las cifras fueron presentadas en el informe anual de actividades de Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y generaron cuestionamientos por la brecha entre el volumen de denuncias y los resultados formales del proceso investigativo.
Además de su bajo alcance, el número de recomendaciones emitidas representó una caída de 53.2 por ciento en comparación con el periodo anterior, lo que acentuó las dudas sobre la eficacia institucional para acreditar violaciones y emitir resoluciones contundentes.
Las recomendaciones que sí fueron formuladas se dirigieron principalmente a dependencias estatales. La Fiscalía General del Estado de Puebla concentró cinco señalamientos, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública recibieron dos cada una, junto con diversos ayuntamientos.
Pese a ello, el informe no incluyó un balance detallado sobre cuántas de estas recomendaciones han sido cumplidas, elemento clave para medir el impacto real del organismo. La presidenta de la Comisión se limitó a señalar que existen acciones de seguimiento en curso, sin precisar resultados ni niveles de acatamiento por parte de las autoridades señaladas.
