Hasta 15 años de prisión y multas que superan los 350 mil pesos es la sanción que el Gobierno de Puebla propone para quienes encabecen redes de despojo inmobiliario, como parte de una iniciativa enviada al Congreso local para reformar el Código Penal del estado y endurecer el castigo contra este delito.
La propuesta del Ejecutivo plantea un enfoque diferenciado para sancionar con mayor severidad a los autores intelectuales y a los servidores públicos que faciliten estas prácticas, especialmente cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad o integrantes de comunidades indígenas, sectores considerados de mayor vulnerabilidad.
Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que la reforma introduce un esquema de agravantes que toma en cuenta tanto el nivel de participación en el delito como el perfil de la persona afectada, con el objetivo de cerrar vacíos legales que han permitido la operación de estas redes.
De acuerdo con el planteamiento, el despojo agravado podría castigarse con penas de entre 6 y 12 años de prisión y multas de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se cometa mediante documentos falsos o en perjuicio de grupos vulnerables. Para quienes financien, dirijan o coordinen estas operaciones, las sanciones se elevarían de 7 a 15 años de cárcel, además de multas de hasta 3 mil UMA.
La iniciativa también contempla un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando el despojo tenga fines de lucro, como la lotificación o la venta ilegal de terrenos, una práctica que, según las autoridades estatales, ha afectado la seguridad jurídica de miles de familias en distintas regiones de Puebla.
El proyecto de reforma fue turnado al Congreso del estado el pasado 29 de enero y se prevé que sea analizado en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia. De ser aprobado, el gobierno estatal sostiene que se contarían con herramientas legales más robustas para frenar la corrupción y desmantelar estructuras dedicadas al despojo inmobiliario.
