La Fiscalía General de Puebla vinculó a proceso a un adolescente de 17 años señalado como presunto participante en el ataque armado ocurrido en el bar Sala de Despecho, en la zona de Angelópolis, donde tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas. La autoridad judicial determinó que existen elementos iniciales para continuar el proceso penal mientras se amplían las indagatorias.
De manera paralela, permanece sin resolverse la situación jurídica de otros tres detenidos —dos adultos jóvenes y un hombre de 30 años— quienes también fueron señalados por su presunta participación. Según declaraciones ministeriales, el atentado habría sido planificado con antelación, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido y no un hecho aislado.
Los testimonios recabados apuntan a que algunos de los implicados habrían sido obligados a participar tras ser reclutados por un grupo delictivo, una línea que abre nuevas interrogantes sobre el control criminal en la zona y la posible existencia de estructuras de mando detrás del hecho violento.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que se mantiene una investigación para identificar el móvil y ubicar a quien ordenó el ataque, aunque evitó proporcionar detalles por tratarse de un caso en curso. Señaló que la complejidad del operativo evidencia un nivel de preparación que dificulta prevenir este tipo de agresiones.
En el ámbito político, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, anunció una reunión con alcaldes metropolitanos para revisar el cumplimiento de normas en bares y centros nocturnos, particularmente en horarios de funcionamiento y venta de alcohol, medidas que surgen tras la presión pública por reforzar la supervisión de estos establecimientos.
El ataque, ocurrido el 14 de febrero, expuso nuevamente los riesgos de seguridad en zonas de alta concentración nocturna y la limitada capacidad de anticipación de las autoridades ante acciones violentas coordinadas, mientras familiares de las víctimas exigen avances concretos que permitan esclarecer completamente los hechos y sancionar a todos los responsables.
