La tala ilegal en la Sierra Negra ha provocado la pérdida acelerada de cobertura forestal durante las últimas décadas, sin que se apliquen medidas efectivas para frenar esta actividad, denunciaron integrantes del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP). Activistas sostienen que camiones cargados con madera circulan por la región sin ser detenidos, pese a la presencia de corporaciones de seguridad.
De acuerdo con el dirigente José Luis Leyva Machuca, la explotación clandestina se concentra principalmente en municipios como Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, aunque también se ha extendido hacia Ajalpan, Coyomeapan y Zoquitlán. Señaló que esta práctica no es reciente y estimó que, en al menos 30 años, se han deforestado más de cinco mil hectáreas.
La organización advirtió que la presión sobre los bosques continúa incluso en zonas consideradas reservas naturales, como las faldas del Tzitzintepetl, donde aún persiste vegetación significativa. Según el movimiento, la actividad se ha intensificado con la participación de intermediarios que comercializan madera de especies como ocote y encino.
Activistas también alertaron sobre las consecuencias ambientales, entre ellas la disminución de manantiales y mantos acuíferos, lo que ha generado escasez de agua para las comunidades. Indicaron que la pérdida del bosque ha transformado el paisaje de la región, anteriormente caracterizado por su densidad vegetal.
El MASCIP señaló que la falta de oportunidades económicas obliga a algunas familias a participar en la tala para subsistir, mientras intermediarios se encargan del transporte y venta de la madera. Además, denunciaron que la zona es utilizada como ruta para el traslado de cargamentos provenientes de otros estados, que cruzan por caminos interserranos hacia la carretera federal 150.
Ante este panorama, la organización ha solicitado la implementación de programas de reforestación y desarrollo rural, como Sembrando Vida, sin obtener respuesta hasta ahora. Aunque autoridades estatales anunciaron acciones como viveros y medidas contra los talamontes, habitantes señalan que no se observan avances concretos para detener la degradación ambiental.
