De las 200 denuncias activas por explotación irregular de pozos en Puebla, únicamente siete han derivado en clausuras totales, mientras el resto permanece en proceso administrativo, lo que evidencia la magnitud del problema en el control del agua subterránea.
La extracción ilegal, según autoridades federales, se realiza principalmente para abastecer mediante pipas a zonas que no cuentan con infraestructura hidráulica, lo que ha generado un mercado paralelo del agua y presión sobre acuíferos en veda.
La titular de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, Beatriz Torres Trucios, advirtió que las sanciones por estas prácticas pueden alcanzar hasta 1.5 millones de pesos, al tratarse de afectaciones a un recurso considerado bien nacional.
Además, señaló que la cifra de pozos irregulares podría seguir creciendo, ya que se detectan nuevas perforaciones de manera constante, lo que complica las labores de supervisión y control por parte de las autoridades.
Ante este escenario, se hizo un llamado a los ayuntamientos para ampliar la cobertura de agua potable y reducir la dependencia de la población hacia el suministro irregular, así como para atender fugas y desperdicio en sus propios sistemas.
En paralelo, la autoridad federal impulsa programas para mejorar la infraestructura hídrica y promueve la regularización de concesiones, especialmente en el sector agrícola, donde también se busca sustituir prácticas como el riego rodado, señalado por generar pérdidas significativas de agua.
Mientras tanto, el volumen de agua destinado al ciclo agrícola 2026 contempla más de 264 mil metros cúbicos para cultivos prioritarios, en un contexto donde el uso eficiente del recurso se vuelve cada vez más urgente ante la presión sobre las fuentes disponibles.
