Un diagnóstico nacional evidenció deficiencias en la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres en Puebla y Tehuacán, particularmente en aspectos relacionados con seguridad, atención integral e infraestructura.
De acuerdo con el Censo 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ambos espacios cumplen con servicios básicos como atención médica, psicológica y asesoría jurídica, pero presentan vacíos en componentes clave para la protección de víctimas de violencia.
El caso más crítico corresponde al centro de Tehuacán, donde no se identificaron protocolos para evaluar el nivel de riesgo ni mecanismos claros de coordinación con otras instituciones, lo que limita la respuesta ante situaciones de emergencia. Además, el albergue carece de condiciones para brindar resguardo, alimentación o acompañamiento integral.
A estas limitaciones se suma la falta de infraestructura especializada, como áreas para denuncias, peritajes o audiencias, lo que restringe el acceso a procesos completos de atención y justicia dentro del mismo espacio.
En contraste, el centro de la capital poblana dispone de algunos protocolos de seguimiento y un albergue con servicios básicos; sin embargo, también presenta carencias, como la ausencia de juzgados, terapia infantil especializada y consultorios de medicina legal.
Las cifras de atención reflejan además un desfase entre denuncias y procesos judiciales. En Tehuacán, más de 700 mujeres acudieron a denunciar en 2024, pero solo una fracción de los casos derivó en investigaciones formales. En Puebla capital, aunque el número de denuncias es mayor, la proporción que avanza a carpetas de investigación sigue siendo reducida.
El informe advierte que estas condiciones limitan la capacidad de los centros para ofrecer una atención integral y efectiva, en un contexto donde la demanda de servicios para víctimas de violencia continúa en aumento.
