Al menos seis leyes locales aprobadas por el Congreso de Puebla durante la LXII Legislatura (2024-2027) han sido parcialmente invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al determinar que invaden competencias federales o incluyen cobros excesivos.
Uno de los casos más recientes corresponde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, impugnada por el gobierno federal mediante la controversia constitucional 217/2025. La Corte resolvió que la norma permitía reservar información por razones de seguridad nacional, facultad que no corresponde a las entidades.
Además, en esa misma legislación se otorgaban atribuciones en materia de acceso a la información sobre partidos políticos y sindicatos, un ámbito reservado al Congreso de la Unión, lo que derivó en la invalidez de dichos apartados.
En otro bloque de resoluciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió acciones de inconstitucionalidad contra diversas leyes de ingresos municipales de 2025, al detectar tarifas consideradas desproporcionadas en trámites relacionados con el acceso a la información.
El Máximo Tribunal falló a favor del organismo autónomo en distintos casos, al considerar que municipios establecieron cobros sin criterios claros, como pagos por copias, certificaciones, digitalización y búsqueda de documentos.
Asimismo, la SCJN invalidó disposiciones en la Ley de Ingresos estatal 2025, donde se contemplaban cuotas por servicios del Poder Judicial, como grabación de audiencias o acceso a contenidos digitales, al no cumplir con los principios de proporcionalidad tributaria.
