El Congreso de Puebla quedó bajo observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras detectarse posibles irregularidades por más de 7.2 millones de pesos en compras, contratos y adquisiciones que no cuentan con documentación suficiente para comprobar el uso de recursos públicos.
La revisión a la cuenta pública 2024 derivó en la solicitud para que el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo investigue diversas operaciones realizadas durante el cierre de la LXI Legislatura y el arranque de la actual LXII Legislatura.
Entre las anomalías detectadas destacan pagos relacionados con vehículos, servicios tecnológicos, computadoras, equipo fotográfico y artículos decorativos que no aparecen debidamente registrados en inventarios oficiales o carecen de comprobantes fiscales y documentación administrativa.
Uno de los contratos observados corresponde a casi dos millones de pesos destinados a servicios de internet, telefonía y red, gasto que no pudo ser acreditado completamente debido a la ausencia de pólizas contables y facturación correspondiente.
La ASE también detectó inconsistencias en la compra de automóviles para personal legislativo, ya que algunas unidades adquiridas no fueron dadas de alta en inventarios ni cuentan con registros completos sobre garantías y resguardos institucionales.
Las observaciones alcanzan además adquisiciones de equipo de cómputo y accesorios fotográficos que, pese a haber sido pagados con recursos públicos, no aparecen incorporados dentro del patrimonio del Congreso poblano.
Otro de los gastos bajo revisión corresponde a la compra de un árbol navideño y decoraciones por más de 470 mil pesos, artículos que tampoco fueron localizados en los registros revisados por el órgano fiscalizador.
Durante parte del periodo auditado, la Junta de Gobierno y Coordinación Política estuvo encabezada por Edgar Garmendia de los Santos, mientras que posteriormente la conducción administrativa del Congreso quedó bajo responsabilidad de Laura Artemisa García Chávez.
La Auditoría Superior del Estado advirtió que, de no solventarse las observaciones detectadas, podrían iniciarse procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos públicos.
