El aseguramiento de 30 pipas y la clausura de un inmueble en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan marcaron un nuevo operativo federal contra la presunta extracción y venta ilegal de agua en la zona metropolitana de Puebla, una problemática que acumula cientos de denuncias en la entidad.
La intervención fue realizada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, en un predio señalado por su posible relación con actividades irregulares de explotación del recurso hídrico.
Las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble, que quedó bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones para determinar si en el lugar operaban pozos clandestinos destinados al abastecimiento de autotanques utilizados para la comercialización de agua.
Aunque la FGR no ha dado a conocer de manera oficial los resultados de las diligencias ni ha informado sobre posibles detenidos, versiones extraoficiales indican que tras la suspensión de actividades en el sitio se registró un incremento en el flujo de agua en la zona, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación.
El operativo ocurre en medio de las alertas emitidas por autoridades federales sobre la proliferación de perforaciones ilegales en Puebla. Apenas en marzo pasado, la delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que tenía registradas alrededor de 200 denuncias relacionadas con pozos irregulares, aunque únicamente siete habían sido clausurados hasta ese momento.
La escasez de agua y las deficiencias en el suministro han propiciado el crecimiento de mercados alternos de abastecimiento en distintos municipios poblanos. Por ello, mientras algunos vecinos expresaron preocupación por la suspensión de la venta de agua mediante pipas en la zona, otros consideraron que las investigaciones deben ampliarse para identificar posibles operaciones similares que continúen funcionando de manera clandestina.
