Cerca de 40 sanciones administrativas fueron aplicadas en Puebla a servidores públicos señalados por opacidad y presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, entre ellas cinco inhabilitaciones definitivas para ocupar cargos públicos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado informó que los casos derivan de procedimientos de investigación y substanciación de responsabilidades administrativas, realizados con base en análisis jurídico y evidencia documental para determinar el tipo de sanción correspondiente.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, explicó que las resoluciones contemplan medidas que van desde amonestaciones públicas hasta destituciones e inhabilitaciones temporales o definitivas, según la gravedad de las conductas acreditadas.
Como parte del seguimiento institucional, se dio a conocer que durante el periodo 2025-2026 se atendieron 2 mil 405 quejas y denuncias ciudadanas por posibles irregularidades en el servicio público, de las cuales una parte fue canalizada a otras instancias y otra permanece en investigación.
En el mismo lapso se registraron 49 denuncias formales, de las que 22 ya fueron concluidas, mientras que el resto continúa en análisis o fue turnado a áreas especializadas para el desahogo de pruebas.
Asimismo, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se integraron 244 expedientes por presunta responsabilidad administrativa, además de 38 informes recientes considerados de posible alta gravedad por la autoridad estatal.
Para la atención ciudadana, el gobierno estatal mantiene habilitada una red de 533 buzones digitales y la línea Prointegridad (800 466 3786), mediante la cual se reciben denuncias, quejas y solicitudes de orientación.
La dependencia estatal señaló que estos mecanismos buscan fortalecer la vigilancia interna del servicio público y garantizar que las denuncias con sustento jurídico deriven en procedimientos formales para sancionar irregularidades.
