Diputados del Congreso del Estado de Puebla rechazaron la Ley de Infancias Trans y anunciaron su voto en contra, mientras colectivos pro familia se manifestaron a las afueras del Poder Legislativo para expresar su inconformidad con la propuesta y exigir a los legisladores no acatar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La movilización fue encabezada por organizaciones como el Frente Nacional por la Familia y Citizen Go, que acudieron a la sede legislativa para entregar más de 24 mil 500 firmas ciudadanas en contra de la reforma al Código Civil que permitiría a menores de edad modificar su acta de nacimiento para reconocer su identidad de género autopercibida.
Durante la protesta, la representante del Frente Nacional por la Familia, Mariana Ariza, sostuvo que la iniciativa no representa una medida de protección para niñas, niños y adolescentes, sino que podría exponerlos a riesgos al tratarse de decisiones que, afirmó, requieren mayor madurez.
Señaló que en esta etapa de desarrollo los menores aún se encuentran en formación de su identidad, por lo que consideró que permitir cambios legales de este tipo implicaría decisiones irreversibles sin la capacidad plena para dimensionarlas.
Por su parte, la directora de campañas de Citizen Go, Elisa Bonilla, acusó a la SCJN de exceder sus facultades al intentar influir en decisiones que corresponden al Congreso local, al señalar que no se trata de un ejercicio de justicia sino de una imposición.
En el Congreso de Puebla, legisladores de distintas fuerzas políticas confirmaron su rechazo a la reforma, a pesar del mandato de la SCJN que ordena adecuar el Código Civil estatal para eliminar restricciones de edad en el reconocimiento de la identidad de género en actas de nacimiento.
El proyecto plantea que cualquier persona, sin distinción de edad, pueda solicitar la modificación de su acta para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida, lo que ha generado posiciones encontradas entre legisladores y colectivos.
Diputados de Morena, PAN, PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México coincidieron en su voto en contra, argumentando la necesidad de mayor análisis en el caso de menores de edad. El Congreso local también solicitó una prórroga a la SCJN para revisar la adecuación de los artículos 831 y 875 bis del Código Civil estatal.
