Seis empresas que buscaban mantener o ampliar su participación como proveedoras del Gobierno de Puebla quedaron bajo investigación penal, luego de que autoridades detectaran documentación presuntamente alterada dentro de sus expedientes de registro.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que los representantes de estas compañías habrían presentado documentos modificados para cumplir con los requisitos establecidos en el padrón estatal de contratistas, situación que derivó en denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio, explicó que las irregularidades fueron detectadas durante una revisión al proceso de incorporación de empresas, en la que se identificaron fallas que permitían acreditar requisitos con información presuntamente falsa.
A partir de estos hallazgos, el Gobierno estatal anunció ajustes al sistema de registro de proveedores, con la intención de elevar los controles antes de que una empresa pueda participar en licitaciones y contratos públicos.
Entre las nuevas medidas se plantea verificar con mayor rigor la capacidad financiera, técnica y operativa de las compañías, además de revisar su experiencia y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Las revisiones forman parte de una evaluación ordenada por el gobernador Alejandro Armenta a empresas relacionadas con Rafael N., empresario investigado por un ataque armado en la Vía Atlixcáyotl. Aunque se confirmó que una compañía vinculada con él está registrada como proveedora desde 2017, la autoridad no detalló si presentó alguna irregularidad.
