El interés público no puede quedar subordinado a intereses personales, empresariales o de negocios familiares, advirtió el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al referirse al proyecto inmobiliario de 4 mil millones de pesos anunciado por Carlos Slim para Paseo de San Francisco, y sostuvo que anteponer intereses privados puede constituir corrupción y abuso de poder.
El pronunciamiento se produjo después de que el empresario y el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, presentaran la propuesta para desarrollar un proyecto inmobiliario y comercial en esta zona del Centro Histórico de la capital poblana.
Armenta señaló que la discusión debe centrarse en garantizar que cualquier proyecto responda al interés público, al margen de los intereses particulares de funcionarios, gobernantes o empresarios. Tras su posicionamiento, integrantes de su gabinete difundieron mensajes en redes sociales en los que cuestionaron la iniciativa.
El proyecto contempla una inversión de 4 mil millones de pesos en Paseo de San Francisco, ubicado a unas calles del Zócalo de Puebla, dentro de una zona con valor patrimonial. La intervención deberá contar con las autorizaciones correspondientes y sujetarse a las disposiciones aplicables.
La discusión también está atravesada por un vínculo familiar entre los protagonistas de la presentación del proyecto: el hijo de Chedraui Budib está casado con una nieta de Carlos Slim. Este parentesco ha sido señalado dentro del debate público, aunque por sí mismo no acredita la existencia de una irregularidad.
Mientras el Ayuntamiento de Puebla ha presentado la inversión como un proyecto para impulsar el desarrollo inmobiliario y comercial de la zona, la postura del Ejecutivo estatal colocó en el centro de la discusión los límites entre los intereses privados y las decisiones que involucran espacios de relevancia pública y patrimonial.
El proyecto permanece así en medio de un debate que involucra la inversión privada anunciada, las reglas aplicables al Centro Histórico y los cuestionamientos planteados desde el Gobierno estatal sobre la necesidad de preservar el interés público frente a intereses particulares.
