La reincorporación de Enrique N. a sus funciones judiciales, un día antes de su detención, forma parte de los antecedentes de un caso que ahora lo mantiene en prisión preventiva. El juez fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la procuración y administración de justicia, además de evasión de presos.
El funcionario, de 58 años, había sido reasignado en julio como parte de una serie de 28 movimientos dentro del Poder Judicial de Puebla. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura acordó que regresara a sus labores el 19 de octubre en el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. Un día después fue detenido.
La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga su presunta omisión de remitir, en septiembre de 2024, las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante. Según las indagatorias, esa actuación habría permitido que una persona evadiera la cárcel el 18 de septiembre de ese año.
La aprehensión se ejecutó durante un cateo en una vivienda de la privada C de la 14 Sur, en la colonia El Ángel. Fuentes policiales señalaron que Enrique N. habría ofrecido dinero a los agentes para impedir su captura. Tras el operativo, fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez.
El 26 de octubre, un juez de control resolvió vincularlo a proceso al considerar que existen elementos para presumir su posible participación en los hechos. También ratificó la prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria.
El expediente se suma a las indagatorias que el juez enfrentó por su presunta intervención para favorecer a Manuel Forcelledo Nader, condenado a más de 70 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en 2014. En ese caso, dos secretarios de acuerdos fueron suspendidos.
Luego de la detención, el Poder Judicial estatal defendió sus principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. La institución afirmó que las conductas individuales no representan al conjunto del organismo y reportó 30 determinaciones administrativas entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, de las cuales 18 derivaron en sanciones a servidores públicos.
