A casi 21 años de su detención y de la tortura que denunció durante su traslado de Cancún a Puebla, la periodista Lydia Cacho volvió a confrontar al exgobernador Mario Marín Torres, ahora durante la etapa final del proceso penal en su contra. En una audiencia virtual, la comunicadora pidió que se le imponga la pena máxima y que ofrezca disculpas públicas a las víctimas de la red de explotación sexual infantil que documentó en su trabajo periodístico.
Cacho participó desde España, donde vive desde 2019 tras abandonar México por el riesgo para su seguridad. Marín, por su parte, intervino desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Ambos coincidieron por primera vez en una diligencia judicial, en la que expusieron sus posiciones antes de que la jueza María José Pech, del Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, emita una resolución.
La periodista sostuvo que su detención y las agresiones sufridas no fueron hechos aislados, sino parte de una represalia por investigar y publicar Los Demonios del Edén, libro que expuso una red de pornografía infantil en Cancún. En su intervención, responsabilizó al exmandatario de haber utilizado el poder público para castigarla y proteger intereses vinculados con el empresario Kamel Nacif y el fallecido Jean Succar Kuri.
La defensa de Marín rechazó esa versión y pidió que sea absuelto y liberado. Su abogada, Pamela Ramírez Cruz, cuestionó que las grabaciones telefónicas difundidas en 2006 puedan demostrar una instrucción directa del exgobernador para torturar a la periodista. También argumentó que las acusaciones se apoyan en inferencias y que no existe evidencia suficiente para acreditar el delito.
En respuesta, Araceli Andrade, asesora jurídica de Cacho, defendió la validez de los audios y señaló que el análisis de contexto permitió reconstruir la participación de distintas autoridades en los hechos. Recordó que se emitieron órdenes de aprehensión contra servidores públicos relacionados con el caso y que hubo sentencias en algunos de esos procesos. Tanto ella como la periodista calificaron de absurdos los argumentos de la defensa.
La FGR y la representación legal de la víctima solicitaron la pena máxima de 12 años de prisión, prevista en la legislación aplicable cuando ocurrieron los hechos, así como la reparación integral del daño. La audiencia concluyó sin fallo: la jueza informó que estudiará los argumentos y los 66 tomos de la causa penal antes de resolver, sin precisar una fecha para emitir sentencia.
