Las empresas transportistas en Puebla enfrentan una doble amenaza: el robo de sus unidades y mercancías, y la privación de la libertad de sus trabajadores para exigir pagos de hasta 200 mil pesos. La AMOTAC denunció que esta práctica se ha incorporado a los asaltos contra tractocamiones, sin que existan estadísticas oficiales para conocer cuántos conductores han sido víctimas.
El problema exhibe una escalada en los delitos contra el autotransporte, pues los operadores dejan de ser únicamente testigos o víctimas de un asalto y se convierten en parte de la exigencia económica. De acuerdo con Juan Carlos Romero Huerta, integrante de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, los delincuentes retienen a los conductores después de apoderarse de los vehículos y sus cargamentos, para después contactar a las empresas o a sus familiares.
Tehuacán, Tecamachalco, Esperanza y Amozoc están entre las zonas identificadas por el gremio, que también advierte sobre la inseguridad en las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba. Sin embargo, la falta de denuncias específicas impide conocer la frecuencia de las privaciones de la libertad y el alcance de las exigencias de dinero.
En paralelo, los registros oficiales muestran que el robo a transportistas mantiene una incidencia elevada: entre enero y septiembre de 2026 se iniciaron 882 carpetas de investigación en Puebla. De estas, 595 se concentraron en diez municipios: Puebla capital, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Cuautlancingo, Esperanza, Amozoc, Acatzingo, Tlahuapan, Tepeyahualco y Palmar de Bravo.
Los cargamentos sustraídos abarcan desde alimentos, abarrotes y bebidas alcohólicas hasta calzado, ropa, medicamentos, celulares, aparatos electrónicos, combustibles, materiales de construcción y refacciones automotrices. San Martín Texmelucan y Esperanza fueron señalados por el sector como puntos donde preocupa la rápida reventa de productos robados.
A las cifras de robo se suma una problemática difícil de medir: la cifra negra. Los transportistas advierten que algunas empresas no denuncian todos los hechos y priorizan la recuperación de los camiones y mercancías o los trámites con las aseguradoras. Esto deja sin registro preciso las retenciones de operadores y los pagos exigidos para liberarlos.
La AMOTAC reclama mayor vigilancia y coordinación entre la Guardia Nacional, las corporaciones estatales y las autoridades ministeriales. Mientras tanto, el sector enfrenta una situación en la que el costo de circular por las carreteras no solo se mide en pérdidas materiales: también está en juego la libertad y la integridad de los conductores, sin que se conozca la dimensión completa de esta modalidad delictiva.
