La suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) continúa en Puebla, donde trabajadores del Sexto Circuito condicionaron el regreso a sus actividades a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las modificaciones al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, con las que buscan garantías de estabilidad laboral ante las evaluaciones de desempeño previstas para diciembre.
Manuel Vélez Torres, secretario de Juzgado, señaló que la inconformidad no está relacionada con la capacitación ni con la aplicación de evaluaciones, sino con el temor de que sus resultados puedan utilizarse para determinar la permanencia de los empleados en sus puestos. En Puebla, estimó que alrededor de mil trabajadores podrían estar en riesgo, pese a que algunos cuentan con más de 15 años de antigüedad.
El representante explicó que quienes integran la carrera judicial ya fueron sometidos a evaluaciones para ingresar y avanzar en los distintos escalafones, por lo que consideran injustificado que un nuevo mecanismo pueda poner en duda su continuidad laboral. A nivel nacional, calculó que hasta 40 mil de los 50 mil trabajadores del PJF podrían resultar afectados.
Como parte de la movilización, cerca de 50 empleados se concentraron frente al edificio federal ubicado en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, donde expresaron su rechazo al acuerdo mediante consignas y pancartas. Mientras no se formalicen los cambios, anunciaron que mantendrán guardias en grupos pequeños, con turnos de dos a tres horas.
El paro, que se extendió a trabajadores de al menos 17 estados, surgió por el nuevo esquema de evaluación del personal de carrera judicial. Aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que los exámenes de diciembre tendrán únicamente carácter diagnóstico y no podrán derivar en despidos ni separación de plazas, los empleados cuestionan los criterios de evaluación y la intervención de superiores jerárquicos.
La Coalición de Trabajadores “32 Circuitos Unidos del Poder Judicial de la Federación” advirtió que las protestas continuarán hasta que las modificaciones o derogaciones de las disposiciones cuestionadas queden publicadas en el DOF. También reclamó que la base trabajadora no haya participado directamente en las negociaciones con las autoridades judiciales y las dirigencias sindicales, por lo que exigió que sus demandas sean atendidas antes de levantar la suspensión de actividades.
