El penal de San Miguel podría tener nuevos ajustes en su operación y personal, luego de las protestas por presuntas extorsiones, amenazas e irregularidades denunciadas al interior del centro penitenciario, informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
El mandatario estatal señaló que su administración ya instaló una mesa de trabajo para revisar las inconformidades y atender cualquier anomalía atribuida a funcionarios o responsables del reclusorio, además de verificar que sus actuaciones se apeguen a la ley.
Armenta Mier sostuvo que los cambios en el centro penitenciario no son nuevos y que, durante su gobierno, se han realizado modificaciones para mejorar su funcionamiento, por lo que no descartó nuevas intervenciones.
Como parte de las medidas, adelantó que en los próximos días podrían trasladar a internos señalados por presuntamente cometer actos ilícitos, así como generar intimidación y amenazas contra otros reclusos.
Para estas acciones, destacó la coordinación con el Gobierno federal y el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las inconformidades que motivaron la revisión se hicieron públicas el pasado martes, cuando presuntos familiares de internos realizaron manifestaciones en ocho puntos de la ciudad para denunciar extorsiones entre reclusos y supuesta protección de las autoridades penitenciarias a los responsables.
