Empresas concentran millones de metros cúbicos de agua concesionada en Puebla

Más de 369 millones de metros cúbicos de agua al año tiene concesionados Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, una cifra que coloca a la compañía entre los mayores usuarios industriales del país y exhibe la concentración del recurso en manos de grandes corporativos, en contraste con las comunidades poblanas que enfrentan problemas de abastecimiento y escasez para sus actividades agrícolas.

El volumen forma parte de los hallazgos del estudio Los millonarios del agua: una aproximación al acaparamiento del agua en México, elaborado por los investigadores Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma, de la Universidad Iberoamericana. La investigación documenta que más de 3 mil 300 usuarios privados concentran 22.3 por ciento del agua concesionada en México.

En Puebla, otras compañías también cuentan con asignaciones millonarias: Cementos Cruz Azul tiene 3.7 millones de metros cúbicos anuales; Ternium México, 3.03 millones; Nestlé, 2.09 millones; Granjas Carroll, 2.1 millones, y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, un millón. También figuran Volkswagen, Manantiales Peñafiel y GEO Puebla, con concesiones superiores al millón de metros cúbicos.

Sin embargo, especialistas en materia hídrica señalan que Concesiones Integrales, operadora de Agua de Puebla, es la empresa que más agua extrae en la entidad, con aproximadamente 130 millones de metros cúbicos al año. Francisco Castillo Montemayor, exdirector del Soapap, acusó que la compañía no reporta el volumen real que obtiene para evitar mayores pagos ante la Conagua y justificar la perforación de nuevos pozos.

Por su parte, el ingeniero Joel Gutiérrez ubicó a la Granja Piscícola Xouilin, en Atlimeyaya, como el segundo mayor concesionario, con 63 millones de metros cúbicos anuales, seguida del Ayuntamiento de Puebla, con 26 millones. También señaló las concesiones de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, con 6.4 y 4.04 millones, respectivamente.

Los autores atribuyen esta concentración a la estructura legal establecida con la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que, de acuerdo con su análisis, privilegió la seguridad de las inversiones privadas sobre la gestión sustentable del recurso y el derecho humano al agua.

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