La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo.
Según la ONU-DH la buscadora proporcionó en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito, ni en la búsqueda.
A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, la oficina de la ONU señaló que Blanca Esmeralda no contaba con medidas de protección.
Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de ONU-DH, señaló que este caso, prácticamente un mes después del asesinato de la madre buscadora Rosario Lilián, es un recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchas familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia.
“Es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos. Nos sumamos a las expresiones de la sociedad mexicana que considera inadmisible y contrario a sus valores que, tras la desaparición de un familiar, quienes exigen justicia y su localización con vida, tengan además que enfrentar agresiones, descalificaciones y, en algunos casos, asesinatos”, añadió Fernández- Maldonado.
Pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todas las personas buscadoras y de los familiares de Blanca Esmeralda Gallardo, conducir una investigación pronta e imparcial para esclarecer este crimen, en la cual se tome en cuenta la labor de defensa de los derechos humanos que realizaba, para identificar y sancionar tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales, así como realizar las debidas indagatorias sobre la desaparición y búsqueda de su hija Betzabé Alvarado.
Tras su misión oficial a México el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) reiteró al Estado Mexicano “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan”.
El CED también recomendó “reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección” y “asegurar de forma prioritaria la realización de análisis de riesgos de colectivos y familiares involucrados en procesos de búsqueda, investigación y acompañamiento a las víctimas de desaparición, así como una respuesta rápida y efectiva a los incidentes de seguridad”.
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