Con mayoría de votos, el Congreso de Puebla avaló un amplio paquete de reformas constitucionales que modifica las reglas electorales, redefine aspectos del funcionamiento de los poderes públicos y establece nuevas medidas de austeridad para organismos autónomos.
Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación de nuevas causales para anular una elección local. A partir de la armonización con la Constitución federal, los comicios podrán invalidarse si se acredita intervención extranjera en el proceso, además de rebasar en más de cinco por ciento el tope de gastos de campaña, adquirir ilegalmente espacios en medios de comunicación o recibir recursos públicos o de procedencia ilícita para actividades proselitistas.
Los legisladores también aprobaron aplazar hasta 2028 la primera elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, con el objetivo de hacer coincidir ese proceso con el calendario establecido a nivel federal.
Otro de los cambios aprobados limita las remuneraciones y prestaciones de consejeros del Instituto Electoral del Estado y de magistrados del Tribunal Electoral de Puebla. Ningún funcionario podrá percibir un salario superior al del titular del Ejecutivo y quedará prohibida la contratación con recursos públicos de seguros médicos privados, seguros de vida, cajas de ahorro o regímenes especiales de retiro.
El paquete de reformas también incluye modificaciones para fijar un tope al presupuesto del Congreso local, reducir el número máximo de regidurías en los ayuntamientos, elevar a rango constitucional la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres y establecer nuevas disposiciones sobre símbolos oficiales del estado y pensiones de servidores públicos.
Las reformas fueron aprobadas con 33 votos a favor, seis en contra y una abstención. Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron el plazo establecido para adecuar la legislación secundaria en materia electoral, al considerar que el tiempo será insuficiente para analizar y aprobar los cambios antes del inicio del próximo proceso electoral.
