La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una iniciativa que busca actualizar y homologar la información sobre los bienes inmuebles en México, propuesta que fue defendida por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron posibles riesgos para la autonomía municipal, la privacidad de los propietarios y el monto del impuesto predial.
El proyecto de decreto será turnado al Senado de la República para su análisis.
Uno de los principales objetivos de la legislación es establecer una clave única catastral para identificar cada inmueble y mejorar la coordinación entre los catastros y los registros públicos de la propiedad.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sostuvo que la medida permitiría atender problemas como el despojo, la corrupción, la duplicidad de registros y las dobles escrituraciones.
La oposición cuestionó que la propuesta otorgue al Gobierno federal una participación central en la administración de la información inmobiliaria. Legisladores del PAN, PRI y MC señalaron que esta intervención podría afectar las facultades de los municipios, particularmente las relacionadas con la determinación de las contribuciones inmobiliarias, cuyo marco de ingresos se establece localmente y es aprobado por los congresos estatales.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el posible impacto en el impuesto predial. Diputados del PRI y del PAN advirtieron que la actualización de los valores catastrales podría elevar los pagos de los propietarios, incluso si las tasas del impuesto permanecen sin cambios.
Sin embargo, los legisladores de Morena, PT y PVEM rechazaron que la finalidad de la ley sea aumentar el predial o retirar a los municipios sus atribuciones en esa materia.
También hubo cuestionamientos sobre el financiamiento que requerirán los gobiernos municipales para actualizar sus catastros y sobre la protección de los datos patrimoniales.
La diputada de MC Iraís Reyes argumentó que concentrar el diseño, control y supervisión de los sistemas en una agencia federal podría derivar en una centralización tecnológica, en lugar de establecer un esquema de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
El debate incluye la obligación legislativa pendiente desde 2013, cuando una reforma constitucional facultó al Congreso para expedir una ley general en esta materia.
El diputado Gibran Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que no se hubiera solicitado la opinión de las entidades federativas antes de presentar la iniciativa, como señaló que establecía el proceso previsto en aquella reforma. También criticó la falta de un parlamento abierto para consultar a especialistas y autoridades locales.
Por su parte, legisladores que respaldaron la propuesta señalaron que la modernización de los catastros podría ayudar a mejorar los ingresos municipales y dar certeza jurídica a los propietarios.
La diputada Celia Fonseca Galicia, del PVEM, citó cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para 2024: los municipios programaron ingresos por 92 mil 817 millones de pesos por concepto de predial, pero recaudaron 48 mil 703 millones, equivalentes al 52.5% de lo previsto.
El diputado José Luis Montalvo Luna, del PT, expuso que en México existen más de 24 millones de inmuebles en situación de informalidad patrimonial y que una de cada cuatro viviendas carece de escrituras públicas, con una proporción cercana al 45% de los hogares en algunas entidades del sur del país.
Estos datos fueron presentados como parte de los argumentos a favor de ordenar la información catastral y registral. La discusión continuará en el Senado, donde se determinará si el proyecto se convierte en ley.
