San Mateo Ozolco, comunidad indígena de San Andrés Calpan, realizó una asamblea abierta para debatir la presunta tala ilegal en su bosque, aun cuando la presidenta auxiliar, Jessica Santuario Popoca, buscó frenar el encuentro. La reunión derivó en acusaciones, intentos de desalojo y tensiones entre pobladores.
Durante el acto, un vocero cercano a la autoridad local propuso repartir la explotación del bosque en dos partes iguales entre la familia Aizpuru y la comunidad. El planteamiento generó rechazo inmediato, pues se consideró una negociación que permitiría continuar la extracción de madera sin consulta ni autorización colectiva.
La presencia de habitantes de comunidades vecinas reforzó la discusión ambiental. Defensores del territorio señalaron que la tala afecta directamente al suministro de agua y al equilibrio ecológico regional, por lo que descartaron respaldar cualquier acuerdo que normalice la explotación del área.
Aunque el encuentro comunitario se convocó para aclarar si existían permisos legales para la actividad maderera, el supuesto dueño del predio, Jesús Aizpuru, no acudió. En paralelo, Santuario Popoca realizó una reunión privada con simpatizantes y posteriormente encabezó un intento de retirar a quienes exigían detener la depredación forestal.
En el punto más tenso, la presidenta auxiliar solicitó a la Policía Auxiliar detener a algunos líderes comunitarios. Los elementos no obedecieron, y minutos más tarde el grupo que respaldaba la tala se replegó, dejando sin fuerza a la autoridad local, quien se retiró sin continuar la discusión pública.
La asamblea siguió con mayoría comunitaria. Ahí se informó que inspectores de la Comisión Nacional Forestal reportaron indicios de tala indiscriminada y probable uso indebido de permisos maderables otorgados a los Aizpuru. Como resultado, los asistentes acordaron defender el bosque mediante recursos legales, movilización social y exigencia de consulta libre e informada sobre cualquier intervención en su territorio.
