La renovación de 17 magistraturas en el Poder Judicial en Puebla, correspondientes al sexto circuito, ha generado controversia por los señalamientos contra algunos de los 65 aspirantes. Al menos ocho de ellos han sido mencionados en publicaciones digitales y redes sociales por presuntos vínculos con figuras implicadas en actos de corrupción o decisiones polémicas.
El 1 de junio se celebrarán las primeras elecciones judiciales en México, donde en Puebla se renovarán 30 cargos judiciales, incluyendo las 17 magistraturas del sexto circuito. Esta elección ha puesto en el foco a varios de los candidatos, quienes han sido vinculados a presuntos actos irregulares durante sus carreras judiciales.
Uno de los aspirantes más cuestionados es Julio César Ramírez Carreón, quien fue señalado en una publicación en X (anteriormente Twitter) por su supuesta relación con Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia, quien enfrenta acusaciones de corrupción. Esta vinculación ha levantado dudas sobre la imparcialidad del candidato.
Otro de los señalados es Guillermo Francisco Urbina Tanús, aspirante a una magistratura de circuito en materia mixta, quien fue acusado de influir en la anulación de un proceso penal contra un exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El caso involucra un convenio irregular que implicó pagos millonarios a una universidad.
Por su parte, Luis Ramón Marín Barrera, candidato a magistrado en materia administrativa, ha sido vinculado con el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos y con una presunta red de huachicoleo eléctrico en Chignahuapan. Marín ha reconocido que su familia está relacionada con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lo que agrava las sospechas.
En el ámbito judicial, María Guadalupe Muñoz Pérez y Miriam Huerta Lechuga han sido criticadas por sus decisiones en casos polémicos. Muñoz Pérez ha sido acusada de ejercer influencia sobre otros jueces, mientras que Huerta Lechuga ha sido señalada por favorecer a presuntos agresores sexuales, lo que ha generado indignación en colectivos feministas.
Finalmente, el juez José Luis Arenas Juárez también está bajo escrutinio por presuntos actos de nepotismo y decisiones cuestionables, como autorizar convivencias entre los hijos de una víctima de feminicidio y los padres del presunto feminicida. Además, se le ha relacionado con la liberación irregular de un homicida, lo que ha aumentado las críticas hacia su gestión.
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