El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha provocado un incremento en la solicitud de asesorías jurídicas por parte de migrantes poblanos, especialmente aquellos originarios de la capital del estado.
Uno de los principales motivos de consulta legal ha sido la necesidad de tramitar la nacionalidad mexicana para los hijos de migrantes con ciudadanía estadounidense. Esta gestión busca evitar complicaciones legales en caso de deportación, ya que muchos padres temen que sus hijos enfrenten restricciones para salir del país.
Según datos del Gobierno de Puebla, durante el último trimestre de 2024, el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) brindó 118 asesorías a migrantes de Puebla capital, la cifra más alta registrada en el estado.
Además de Puebla capital, San Andrés Cholula y Atlixco se posicionaron entre los municipios con mayor demanda de este servicio. Entre octubre y diciembre de 2024, 27 migrantes de San Andrés Cholula y 14 de Atlixco recurrieron al IPAM en busca de orientación.
El aumento en la solicitud de asesorías jurídicas se produce en un contexto de creciente deportación de poblanos. Desde el inicio de la administración de Donald Trump hasta el 4 de febrero de 2025, las autoridades estadounidenses han deportado a 340 migrantes originarios de Puebla.
En respuesta a esta situación, el gobierno de Puebla y la administración municipal han anunciado una serie de apoyos para facilitar la reinserción de los migrantes deportados. Entre las medidas contempladas se incluyen acceso a una bolsa de trabajo, apoyos a fondo perdido y la renta de una vivienda por un año.
El aumento en la demanda de asesoría legal y la implementación de programas de apoyo reflejan la incertidumbre que enfrentan los migrantes poblanos ante la intensificación de las deportaciones en Estados Unidos y la necesidad de garantizar alternativas para su estabilidad en México.
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