El Ayuntamiento de Puebla endureció sus filtros para el ingreso a la administración municipal, al aprobar modificaciones que prohíben contratar a personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios o con sentencia firme por violencia familiar, sexual o cualquier agresión de género.
La decisión fue unánime en la sesión de cabildo y responde a la incorporación de la “ley tres de tres contra la violencia”, legislación nacional aprobada en 2023 que impide que quienes tengan estos antecedentes ocupen cargos públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal.
La iniciativa, impulsada por la Comisión de Equidad de Género y presentada durante la sesión del jueves, busca ir más allá del simple cumplimiento laboral. La regidora Mayte Rivera Vivanco, presidenta de dicha comisión, señaló que Puebla debe ser una ciudad sin espacio para la violencia de género. “No se trata de castigar, sino de prevenir. Quien quiera servir a la ciudadanía debe hacerlo con integridad, sin antecedentes que vulneren la confianza pública”, afirmó.
Con estas reformas a los artículos 10 y 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Puebla, la administración local refuerza su compromiso por garantizar espacios laborales libres de violencia y responsables en el cumplimiento de obligaciones familiares.
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