La resolución por el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez avanzó de manera decisiva luego de que un Tribunal de Enjuiciamiento en Puebla declarara culpable por feminicidio a Javier López Zavala, señalado como autor intelectual del crimen ocurrido en 2022.
Desde el fallo, la familia de la activista y la Fiscalía General del Estado de Puebla reiteraron que solicitarán la pena máxima prevista en la ley, de hasta 60 años de prisión, para todos los responsables. La exigencia se sostendrá en la etapa de individualización de la pena, cuya audiencia será programada por el tribunal.
Fuentes judiciales confirmaron que el veredicto condenatorio también alcanza a otros dos implicados considerados coautores del feminicidio. En los próximos días se definirá la sentencia específica, en un proceso que ha estado marcado por recursos legales y aplazamientos promovidos por las defensas.
La investigación ministerial estableció que el ataque fue planeado y ejecutado con la participación de al menos tres personas. Entre los procesados se encuentra Jair N., sobrino de López Zavala y presunto conductor de la motocicleta utilizada en el atentado, así como Silvestre N., identificado como el agresor armado y detenido meses después en Veracruz.
El homicidio ocurrió el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuando la activista fue atacada a plena luz del día. A partir de entonces, el expediente avanzó por dos vertientes: feminicidio y violencia familiar, esta última iniciada por la propia Cecilia Monzón antes de su muerte.
En el proceso por violencia familiar, un tribunal había impuesto inicialmente una condena de seis años de prisión; sin embargo, en noviembre de 2025 una instancia de apelación revocó la sentencia y ordenó reponer una audiencia, lo que mantiene pendiente la definición final de ese delito. La familia denunció entonces la falta de perspectiva de género en esa decisión.
Más allá de las sentencias, el caso detonó cambios legales. El asesinato de Cecilia Monzón impulsó la creación de la llamada Ley Monzón, aprobada primero en Puebla y replicada en otras entidades, que permite suspender o retirar la patria potestad a padres vinculados a proceso o sentenciados por feminicidio o tentativa contra la madre de sus hijos.
