En medio del debate sobre la Ley de Ciberseguridad, diputados del Congreso de Puebla avanzan en una contrarreforma que busca limitar la posibilidad de que los funcionarios públicos denuncien el delito de ciberasedio cuando sean objeto de críticas o cuestionamientos públicos.
Esta iniciativa, que se discutió durante la segunda mesa de trabajo de la LXII Legislatura, propone modificar la redacción vigente de la reforma publicada el pasado 14 de junio en el Periódico Oficial del Estado (POE). Actualmente, el delito de ciberasedio se define como la realización reiterada o sistemática de actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a través de plataformas digitales.
Sin embargo, la nueva propuesta incorpora una cláusula de exclusión que busca proteger las expresiones con carácter informativo y aquellas orientadas a satisfacer el interés público o promover el desarrollo democrático. Esto incluye el escrutinio hacia órganos del Estado y servidores públicos, evitando que estas manifestaciones sean consideradas como ciberasedio.
Un punto central de la contrarreforma es que los funcionarios públicos no puedan presentar denuncias por este delito, con la intención explícita de salvaguardar la libertad de expresión, especialmente la de periodistas y críticos.
Además, se propone ajustar las sanciones establecidas, reduciendo la pena mínima de prisión de 11 a 6 meses, mientras que la máxima se mantiene en tres años.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política será la encargada de definir la versión final de esta contrarreforma, que se espera sea presentada al Pleno el próximo miércoles y, de obtener el visto bueno, aprobada antes del jueves 10 de junio.
Cabe destacar que la diputada Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano, también presentó una propuesta propia sobre este tema en la sesión pasada, lo que refleja el interés y la controversia que genera esta iniciativa en el Congreso.
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