Un operativo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales permitió la demolición de edificaciones irregulares en cerca de 9 hectáreas del predio conocido como “La Covadonga”, ubicado en Puebla. La acción responde a un amparo federal emitido para frenar la ocupación violenta que inició en 2023 y se intensificó en febrero pasado.
Más de 200 elementos de la Marina, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad locales participaron en el operativo, que comenzó a las 3 de la mañana y concluyó alrededor de las 7:30 horas. En ese lapso, se retiraron y demolieron alrededor de 30 inmuebles deshabitados y bardas perimetrales construidas sin autorización.
La intervención judicial se basó en un amparo otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito, que autorizó la demolición inmediata de las construcciones irregulares. La medida fue solicitada por la Fundación Julita y Antonio, legítima propietaria del terreno, después de casi dos años de invasión.
Los invasores habían dividido el terreno en más de 400 lotes que ofrecían a la venta por precios superiores a los 200 mil pesos, según denunció el representante legal de la fundación, Jesús González Schmal.
Aunque la demolición se realizó en 9 de las 22 hectáreas invadidas, el resto del terreno sigue bajo análisis y seguimiento por las autoridades. La acción se ejecutó en cumplimiento a un acuerdo municipal de abril de 2024, que establecía la retirada de las construcciones como medida preventiva.
El operativo contó con la coordinación de diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Gobernación estatal, que facilitó mesas de trabajo durante dos meses previos para garantizar el cumplimiento legal y operativo.
Según el acuerdo municipal del 30 de abril de 2024, el ayuntamiento estableció que se retiraran y demolieran las obras ejecutadas en el predio conocido como La Covadonga, como medida de seguridad, de carácter preventivo y de inmediata ejecución, con el apoyo de la dependencia municipal antes mencionada.
Ante el retraso en el cumplimiento de dicho acuerdo, el equipo legal de la Fundación Julita y Antonio, interpuso un nuevo amparo a nivel federal para que la autoridad de la ciudad de Puebla cumpliera con el mismo.
En consecuencia, la juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, Blanca Alicia Luna, les otorgó un amparo para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal (SGyDU) procediera a la demolición dictada desde abril del 2024.
Una vez que les fue concedido el amparo y gracias a la intervención de la Secretaría de Gobernación del estado, que encabezó durante 60 días las mesas de trabajo, personal de la SGyDU, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y Bomberos procedieron al cumplimiento del mismo.
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