La operación de grupos armados dedicados a la extracción y venta clandestina de agua en la ciudad de Puebla encendió alertas por posibles riesgos sanitarios y de seguridad pública, luego de que se advirtiera que el líquido comercializado podría provenir de pozos cercanos a la presa Manuel Ávila Camacho, una zona señalada por potencial contaminación.
El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo señaló que al menos una decena de agrupaciones armadas se dedican a esta actividad ilegal, extrayendo agua sin autorización y distribuyéndola mediante pipas en distintos puntos de la capital y otras regiones. De acuerdo con sus declaraciones, el precio de venta puede alcanzar hasta mil pesos por unidad, en perjuicio de consumidores que carecen de suministro regular.
Las extracciones se concentran en áreas como Arenillas y la prolongación de la 24 Sur, dentro de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, donde los pozos se localizan a escasa distancia del vaso de la presa. Esta cercanía ha generado preocupación por la calidad del agua que se introduce a hogares y negocios que dependen del abasto mediante pipas.
El legislador afirmó que la Comisión Nacional del Agua tiene identificados a varios de estos grupos, pero enfrenta limitaciones para clausurar los pozos debido a que quienes los operan portan armas. Por esta razón, consideró necesario el respaldo de la Guardia Nacional y un mayor número de inspectores para ejecutar acciones de cierre.
Carvajal Hidalgo sostuvo que la permanencia de estas redes ilegales evidencia omisiones institucionales, ya que, dijo, su actividad es conocida públicamente. Añadió que el fenómeno no es exclusivo de Puebla y se repite en otras entidades, lo que refleja un mercado clandestino del agua cada vez más organizado y violento.
Desde el ámbito comunitario, representantes locales han advertido que el líquido distribuido podría no ser apto para consumo humano. A estas preocupaciones se sumaron especialistas académicos, quienes han señalado que la proximidad de los pozos con la presa incrementa la probabilidad de filtraciones de metales pesados y bacterias, con posibles efectos graves en la salud de la población.
El diputado indicó que la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ofrecen herramientas para regular este mercado ilegal, aunque reconoció que resultan insuficientes frente a grupos armados. Por ello, consideró que la Fiscalía estatal debe intervenir para investigar posibles delitos y frenar una práctica que combina riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad.
