Jueces y magistrados del distrito de Cholula han sido señalados por su colusión con el Cártel del Despojo, grupo dedicado a fraudes inmobiliarios que afectan a decenas de familias en Puebla. Esta relación ha permitido que operaciones irregulares se concreten bajo el amparo del sistema judicial, debilitando la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
El gobierno estatal confirmó la instalación de una mesa de trabajo para atender este problema y anunció que enviará al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal. La propuesta buscará castigar a quienes simulen cargos públicos, suplanten a propietarios legítimos o participen en fraudes notariales relacionados con el despojo de bienes inmuebles.
Entre los casos detectados destaca el desalojo de al menos siete familias en Oaxaca, donde una resolución judicial irregular obligó a entregar propiedades que habitaban desde años atrás. La problemática, sin embargo, no se limita a esta región y refleja un patrón de acciones que involucran a funcionarios judiciales en el despojo “legal” de propiedades.
De enero a junio de 2025, se registraron 784 denuncias por despojo en Puebla, con solo seis personas vinculadas a proceso, lo que revela la complejidad para judicializar estos casos y la posible falta de recursos o voluntad para desmantelar estas redes.
El gobernador Alejandro Armenta ha señalado que el poder económico y político de estas bandas tiene raíces en administraciones anteriores, lo que dificulta su combate efectivo dentro del sistema judicial poblano.
Mientras se trabaja en la reforma, el gobierno ofrece asesoría y acompañamiento a las víctimas, aunque la persistencia de la colusión judicial mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la lucha contra este tipo de delitos en la entidad.
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