El arresto del abogado Raúl Andrade Osorio, defensor en casos de violencia familiar, ha provocado una ola de cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en Puebla. Andrade, quien ha impulsado recursos legales contra la Ley Ciberacoso, fue detenido tras un incidente en la Fiscalía especializada en violencia de género.
El abogado asistía a la Fiscalía para apoyar a la madre de un menor desaparecido cuando se desencadenó un conflicto con Luis Enrique “N”, funcionario público bajo investigación por violencia familiar y sustracción de menores. La intervención de Andrade en defensa de su clienta terminó con su arresto por supuestas amenazas y lesiones.
Pese a contar con una abogada particular, Andrade no pudo acceder a su defensa privada y fue representado por un defensor público, situación que levantó críticas sobre el respeto a sus derechos legales.
Luis Enrique “N” estuvo acompañado de su abogado, Jorge Sánchez Ricaño, quien mantiene vínculos con el gobierno estatal y es miembro de la Comisión de Derechos Humanos, lo que añade una dimensión política al caso.
Este episodio pone sobre la mesa las dudas sobre la independencia judicial y la posible influencia de intereses políticos en procesos legales que involucran a funcionarios y defensores.
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