Ante la baja eficiencia en la resolución de quejas, diputadas de oposición en el Congreso del estado exigieron la renuncia de la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, al señalar una gestión con escasa incidencia institucional y una carga administrativa excesiva, situación que quedó expuesta durante su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, la propia ombudsperson informó que, de más de 8 mil quejas iniciadas durante 2025, únicamente 40 fueron concluidas, de las cuales 18 derivaron en recomendaciones y 22 se resolvieron mediante conciliación, lo que representa menos del uno por ciento de resolución efectiva. Pese a ello, sostuvo que el trabajo del organismo no debe medirse solo por el número de recomendaciones emitidas.
La diputada Delfina Pozos Vergara, del PRI, afirmó que los resultados presentados reflejan la falta de efectividad en el encargo conferido y consideró que, ante la ausencia de resultados sustantivos, la titular de la CDH debería separarse del cargo. Señaló que la Comisión ha privilegiado la administración de expedientes por encima de la defensa activa de los derechos humanos, con baja incidencia institucional.
Entre los señalamientos, la legisladora reprochó que la CDH no haya promovido acciones de inconstitucionalidad, incluida la relacionada con la reforma en materia de ciberasedio, pese a que existían elementos jurídicos para impugnarla. Al respecto, Sánchez Soya reconoció que durante su gestión no se ha presentado ningún recurso de este tipo.
Otro de los cuestionamientos se centró en la falta de pronunciamientos en casos específicos, como el de una menor indígena en el municipio de Pahuatlán, cuya denuncia por violación no fue atendida en su momento debido a la ausencia de una intérprete. De acuerdo con lo expuesto en la comparecencia, la titular del organismo no respondió a los planteamientos sobre las acciones emprendidas en ese caso.
Por su parte, la diputada Luana Armida Amador Vallejo, del PAN, sostuvo que la productividad de la CDH no puede evaluarse por la acumulación de trámites administrativos, sino por resoluciones efectivas, recomendaciones sustantivas y reparación del daño. Indicó que más del 90 por ciento de las quejas permanece sin una resolución, lo que, afirmó, evidencia una ineficacia institucional.
La legisladora panista también cuestionó la ausencia de recomendaciones por hacinamiento en centros penitenciarios y solicitó información precisa sobre los reclusorios donde se han detectado posibles casos de tortura, mientras que Sánchez Soya reiteró que no todas las denuncias pueden considerarse automáticamente como violaciones a derechos humanos y que debe aplicarse el principio de presunción de inocencia.
