La creciente violencia contra alcaldes en México ha llevado a que los ediles de Puebla refuercen sus medidas de seguridad. Manuel Alejandro Porras Florentino, de Huixcolotla, y Delfino Hernández Hernández, de Eloxochitlán, solicitaron protección adicional tras recibir amenazas presuntamente vinculadas con el crimen organizado. Ambos cuentan con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y del secretario de Gobierno, Samuel Aguilar Plata.
Las autoridades estatales detallaron que se activarán operativos de vigilancia y que la unidad de investigación trabajará para rastrear el origen de las amenazas y evitar nuevos riesgos. El objetivo es proteger a los alcaldes y prevenir incidentes similares al asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán.
El caso de Manzo, quien falleció durante el Festival de las Velas pese a contar con elementos de seguridad asignados, expuso la vulnerabilidad de los presidentes municipales frente a ataques del crimen organizado y aumentó la percepción de riesgo entre los ediles de distintos estados.
Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, al menos 10 alcaldes han sido asesinados en México, lo que ha obligado a reforzar protocolos de protección y coordinación entre autoridades estatales y federales. En Puebla, los operativos buscan asegurar que los ediles puedan desempeñar su función sin exposición directa a la violencia.
Aunque Puebla concentra actualmente las solicitudes más recientes, en Jalisco y otros estados también se han intensificado medidas preventivas para proteger a los alcaldes tras los homicidios recientes, mostrando un patrón creciente de amenazas a autoridades municipales en el país.
