En Puebla, la insuficiencia renal se ha convertido en una de las presiones más persistentes para el sistema de salud, alimentada principalmente por enfermedades crónicas como la diabetes, que cada año incorpora nuevos pacientes a tratamientos de diálisis y hemodiálisis, muchos de ellos con la expectativa puesta en un trasplante que no llega.
Esta dinámica ha provocado que miles de personas permanezcan durante años en listas de espera para recibir un órgano. En el estado, más de dos mil pacientes aguardaban un trasplante al cierre del año, y la gran mayoría requería un riñón, lo que coloca a Puebla entre las entidades con mayor demanda de órganos a nivel nacional.
La dimensión del problema no se explica solo por el aumento de enfermos, sino también por la limitada disponibilidad de donantes. En la práctica, los hospitales enfrentan una brecha constante entre quienes necesitan un órgano y los pocos casos en los que las familias autorizan su procuración, situación que prolonga tratamientos costosos y deteriora la calidad de vida de los pacientes.
Organizaciones civiles dedicadas al acompañamiento de enfermos renales advirtieron que la negativa a donar suele estar relacionada con desinformación, creencias erróneas y temores que no corresponden al marco legal mexicano, el cual regula de manera estricta cada etapa del proceso de donación y trasplante.
Aunque el sector salud ha logrado mantener a Puebla entre los primeros lugares en procuración de órganos, estos avances resultan insuficientes frente al crecimiento sostenido de la lista de espera, que se renueva constantemente con pacientes diagnosticados en etapas avanzadas de enfermedad renal.
El escenario refleja un problema estructural: mientras la cultura de la prevención y la donación no se consolide, la demanda de trasplantes continuará superando la capacidad real del sistema, manteniendo a miles de personas en una espera indefinida por un órgano que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
