La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla debe devolver la clínica “Santiago Apóstol”, ubicada en Santiago Acatlán, Tepeaca, así como un millón 97 mil 657 pesos y dólares estadounidenses asegurados durante un cateo realizado en septiembre de 2025. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido con las resoluciones judiciales.
El dinero y el inmueble fueron asegurados como parte de una investigación por la desaparición de Misael Romero Sombrerero. Durante el cateo también fueron decomisados equipos de videovigilancia, memorias USB, documentos y libretas, además de restos óseos que, según trabajadores, correspondían a modelos anatómicos utilizados en la clínica.
El propietario reclamó la devolución de sus bienes y acreditó la posesión del inmueble desde 2006. El Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Tepeaca determinó que el Ministerio Público no justificó la retención y ordenó devolverlos en un plazo de 24 horas.
La Fiscalía apeló, pero el 18 de agosto la Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó la resolución y desestimó, entre otros argumentos, que el dinero hubiera sido incorporado a una carpeta de investigación distinta.
A esta determinación se suma un amparo federal. El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal concluyó que el aseguramiento del efectivo excedió el objeto de la orden de cateo, pues esta contemplaba la búsqueda de Misael Romero, rastros biológicos, su vestimenta y teléfono celular, pero no dinero.
De acuerdo con versiones extraoficiales atribuidas a funcionarios de la propia Fiscalía, después del cateo se desconoce el destino del efectivo y presuntamente no habría sido debidamente justificado como evidencia. Estas versiones señalan a tres funcionarios de la dependencia, aunque hasta ahora no existe una determinación pública de responsabilidad en su contra.
El 28 de agosto, el Poder Judicial de Puebla ordenó nuevamente a la Fiscalía cumplir con la devolución en un plazo improrrogable de 24 horas y estableció un apercibimiento de 250 UMA en caso de incumplimiento. Hasta el momento, el propietario no ha recuperado ni el inmueble ni el dinero y analiza acudir ante instancias federales en materia anticorrupción.
