Tras nueve años en prisión por delitos que asegura no cometió, Fernando Juárez Morales exige que se investiguen los abusos de 13 agentes de la Fiscalía de Puebla que presuntamente fabricaron delitos en su contra. Señala que la fiscal general Idamis Pastor Betancourt ha protegido a los funcionarios señalados, mientras sus denuncias permanecen sin resolución.
Durante su reclusión, fue trasladado en 13 ocasiones entre penales como Cefereso 5 en Veracruz, Altiplano y Tepexi de Rodríguez. Juárez Morales asegura que sufrió torturas y tratos crueles que derivaron en trastorno bipolar y estrés postraumático, secuelas que aún afectan su vida diaria.
El denunciante presentó documentación que detalla 15 carpetas de investigación sin avances, en las que se registran irregularidades como cateos ilegales, robos y dilaciones en la investigación. Asegura que algunos agentes lo amenazaron de muerte y lo intimidaron para que desistiera de sus denuncias.
Entre los funcionarios señalados están Adelaida Flores Tlecuitl, María Amdeleli Salomé Chacón y Marcia Lizeth Arroyo Soriano, adscritas a la Unidad de Hechos de Corrupción, así como seis agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y la Unidad de Asuntos Internos.
Fernando Juárez Morales pide un proceso transparente y apegado a la ley, advirtiendo que las irregularidades en la Fiscalía permiten que personas inocentes terminen en prisión mientras los funcionarios presuntamente corruptos permanecen impunes.
A sus 48 años, busca que el Estado lo reconozca como víctima de error judicial y que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi) le otorgue asistencia jurídica, psicológica, médica y recursos de transporte y viáticos, apoyos que hasta ahora no ha recibido.
Tres años después de recuperar su libertad, insiste en que su caso sirva como ejemplo de la necesidad de controlar la impunidad y garantizar que las prácticas irregulares dentro de la Fiscalía no afecten a más ciudadanos, reclamando justicia y reparación efectiva.
