Extorsión escala en Puebla: denuncias aumentan 28% en cinco años

Hasta 28 por ciento aumentaron las denuncias por extorsión en Puebla durante los últimos cinco años, al pasar de 84 casos registrados entre enero y agosto de 2021 a 108 en el mismo periodo de 2026, con nuevas modalidades de amenazas que incluso han derivado en hechos violentos.

Puebla capital concentra la mayor cantidad de denuncias de este año, con 52 casos, seguida de San Andrés Cholula, con 10; San Martín Texmelucan y Tehuacán, con cuatro cada uno, y Amozoc, con tres, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Uno de los episodios más graves ocurrió el 15 de agosto en una llantera de la colonia Santa María, en la capital poblana, donde un grupo de sujetos presuntamente exigió 100 mil pesos por derecho de piso. Ante la negativa, dispararon contra los trabajadores y tres hombres resultaron heridos; Julio Acevedo Pérez, de 41 años, murió 22 días después en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

La extorsión también alcanzó a comerciantes de Tecamachalco, quienes el 24 de septiembre reportaron llamadas y mensajes de WhatsApp en los que desconocidos les exigían dinero bajo amenazas de secuestro y homicidio. Los mensajes hicieron referencia al asesinato de Omar Mateo, de 17 años, hijo del presidente municipal, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió a la población no ceder ante este tipo de amenazas y denunciarlas.

Para Simón Alejandro Hernández León, académico de la Ibero Puebla y titular de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, las formas de extorsión se han diversificado con el uso de tecnología, mediante llamadas telefónicas, suplantación de identidad y engaños relacionados con supuestos paquetes, además de mecanismos que pueden operar desde centros penitenciarios.

El especialista señaló que este delito puede estar acompañado de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio, además de representar una fuente de recursos para grupos criminales. También atribuyó el crecimiento del fenómeno a la falta de una política integral de seguridad, prevención e inteligencia, así como a la desconfianza de las víctimas para denunciar ante escenarios de impunidad.

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Redaccion
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